Enorme repudio a la represión de la comunidad mapuche en Chubut

La comunidad mapuche Cushamen que reclamaba por sus tierras ante el avance del empresario Benetton fue ferozmente reprimida por Gendarmería Nacional. La feroz represión a la que fueron sometidos generó un fuerte repudio en distintos sectores. Diputados bonaerenses y desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron que el accionar policial viola derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Los diputados bonaerenses del FpV presentaron un proyecto de declaración a través del cual manifestaron su “rechazo y preocupación por la represión de la que fue víctima la comunidad mapuche Pu Lof del Departamento de Cushamen por parte de la Gendarmería y de la Infantería Provincial”.

En el breve texto presentado, los legisladores kirchneristas “dejó como saldo numerosos heridos y detenidos” y que puso de manifiesto “la sistemática negación de derechos de los pueblos originarios y la creciente criminalización de la protesta social”.

Desde la CPM, organismo de derechos humanos presidido por Adolfo Pérez Esquivel, denunciaron que “la violencia de los agentes de seguridad tuvo como objetivo claro reprimir a la comunidad e intentar desalojarlos del lugar, destrozando viviendas, hornos y fogones, entre otros recursos del poblado”.

“Al mismo tiempo, golpearon a los integrantes de la comunidad incluyendo a mujeres, niños y niñas e incluso a quienes se habían hecho presente para expresar su solidaridad y evitar la represión. Los presentes en el lugar también denuncian que los agentes dispararon con armas de fuego”, agregó la entidad en un comunicado.

La represión se desató tras la orden impartida por un juez federal para despejar las vías donde circula el tren “La Trochita”, propiedad del Estado de Chubut. Como las vías atraviesan territorio mapuche, se había constituído una mesa de diálogo para resolver pacíficamente el litigio con la transnacional Benetton, informó la CPM.

En ese marco, desde la entidad le apuntaron al gobernador Mario Das Neves al repudiar que “ha venido formulando declaraciones criminalizando a la comunidad y sus referentes, presionando a la justicia a que actúe según los intereses privados y nunca reconociendo los derechos de los pueblos originarios”.

“Todos los poderes del estado deben abocarse prioritariamente a que estas garantías no sean menoscabadas, la propiedad privada no está por encima de ellas todo lo contrario, debe ser regulada de modo que no afecte a los intereses de la comunidad en general. El estado provincial de Chubut y el estado nacional son los responsables de garantizar el cese de la violencia y de la persecución política y el pleno goce de derechos”, concluye la declaración del organismo.

Por otro lado Diego Morales, abogado del CELS, viajó ayer a Chubut para tomar contacto con la comunidad mapuche. Junto a la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS presentó un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para que tome medidas de protección e investigación de lo sucedido.

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