Crece el escándalo, Macri le perdonó una deuda a su padre por $70 mil millones

El Gobierno acordó con el Grupo Macri la quita del 98.87% de su deuda con el Estado por el correo, la fiscal del caso objetó el acuerdo por considerarlo falto de etica y remarcó que se debe investigar si no se buscó beneficiar a la familia presidencial. la cancelación de la deuda en 15 años con una quita que ascendería a 70 mil millones de pesos.

La objeción la hizo la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quién consideró que la homologación del acuerdo entre el Estado y Correo Argentino en el acuerdo preventivo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma del que es dueño Franco Macri, como cabeza del clan familiar

Boquin llegó a esa conclusión tras notar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron las propuestas del Correo Argentino, la empresa del grupo Macri, “por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago”.

En septiembre de 2001, la empresa privatizada había entrado en convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos-dólares, dado que regía la convertibilidad. El Estado era acreedor del 32,65 por ciento de esa deuda: incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon que dejó de pagar en marzo de 2000, ante la DGI y con el Banco Nación. Allí se inició la causa que seguiría durante los 12 años kirchneristas, hasta el gobierno del su mismo hijo.

Ahora la oferta que aceptó el Gobierno de Macri implica que el holding de la familia del Presidente podrá pagar en 15 cuotas anuales, comenzando en 2018. La mitad de la deuda nominal será pagada en los últimos dos años: 2032 y 2033. El acuerdo incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. En ese caso, le pagará al Estado con su propio dinero.

Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial será la que deberá resolver si rechaza el acuerdo tentativo alcanzado entre el Correo y el Estado, o si por el contrario comparte el criterio de la jueza de primera instancia -que ya había rechazado la propuesta anterior- y de la fiscal Boquín.

En su apelación a la Cámara, la fiscal advirtió además sobre la violación de la Ley de Ética Pública dado que la decisión beneficia a la familia del Presidente y envió actuaciones a la Procuraduría de Investigaciones Administraciones. “Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, indicó. La fiscal indicó que, de no recibir un fallo favorable, va a apelar a la Corte Suprema.

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