Denuncian que el lobby inmobiliario gana poder en el gobierno bonaerense

En las últimas semanas la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, nombró a dos funcionarios que vienen del mundo del negocio de los barrios privados. Además se modificó una norma que regula la evaluación de los estudios de impacto ambiental, devolviendo a los Municipios la capacidad de aprobarlos.

En tal sentido, especialistas advierten “un escenario de flexibilización de las regulaciones a los fines de favorecer la habilitación de este tipo de emprendimientos”, al tiempo que asociaciones que bregan por la preservación de humedales y otros sectores del río Luján, se constituyeron como damnificados en una causa penal que se tramita en Mercedes.

Por su parte, el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat (CPVH) creado por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat expresó su “más enérgico repudio” a la designación de Dante Galeazzi como Director Provincial en el área de ordenamiento urbano dependiente de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

“Existe un conflicto insalvable entre las funciones del cargo que el Dr. Galeazzi ocuparía en la Dirección Provincial y su pertenencia a empresas como Nordelta y a cámaras del sector inmobiliario que han priorizado reiteradamente sus intereses económicos por sobre los intereses colectivos”, denunció el CPVH en una declaración que contó con un centenar de adhesiones y fue presentado en una carta dirigida a la gobernadora.

Cambio para los negocios

Según publicó el sitio web Punta Querandí, la otra preocupación de las organizaciones vecinales y ambientales de la Cuenca del Río Luján, es la modificación del Artículo 3 de la Resolución 29/09 del OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).

En el boletín oficial del pasado 30 de junio, se publicó un significativo cambio de criterio para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que es obligatorio a “todo proyecto todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras de tipo endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños”.

Según la geógrafa Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), previo a esta última modificación, el responsable era la Autoridad Ambiental Provincial dada “las limitaciones técnico-profesionales de los municipios para afrontar tareas de enorme complejidad e impacto, que culminan en la aprobación de emprendimientos con inversiones de cientos de millones de dólares”, alertó.

Sin embargo, por decisión de la nueva gestión bonaerense, la responsabilidad de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental vuelve a las Municipalidades, en un hecho que los especialistas críticos del modelo urbanístico neoliberal no tienen dudas de lo que implica: “El gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza en la construcción de un escenario de flexibilización de las regulaciones a los fines de favorecer la habilitación de este tipo de emprendimientos”, advirtió Patricia Pintos.

Zorros en el gallinero

El otro hecho que preocupa a las organizaciones ambientales, fue la designación del ingeniero civil Carmelo Guerra como presidente del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR). El ahora funcionario es un “experto en la construcción de barrios privados” con pasado en dos empresas líderes en la destrucción de humedales: Eidico y Consultatio.

Según consigna Punta Querandí, Carmelo Guerra inició su carrera en la multinacional Techint y luego, entre 1998 y 2007, fue director de obras de EIDICO donde dirigió las construcciones de los barrios Santa Bárbara, Santa Catalina, San Isidro Labrador, Santa Clara, Haras Santa María y El Encuentro.

Además, entre 2007 y 2011 trabajó como Director de Obras en Consultatio, con proyectos como Ciudad del Lago (en Escobar), barrio Las Garzas Blancas (Rocha-Uruguay), puente Ruta 10 (Rocha-Uruguay). Desde 2013 a la actualidad se desempeñaba como Director de Obras de F. J. Abello & Asociados, donde estuvo al frente del proyecto Venice (Tigre) y Lagos de Hudson (Berazategui).

Una gran parte de los proyectos ejecutados por Carmelo Guerra fueron cuestionados por organizaciones ambientales, vecinos y expertos, algunos de ellos incluso fueron judicializados como Venice. En el caso de Santa Catalina, su construcción destruyó un cementerio indígena de mil años de antigüedad ubicado en frente de Punta Querandí.

A pesar de estos antecedentes, tanto Dante Galeazzi como Camilo Guerra son premiados por un gobierno bonaerense que, lejos de limitar el avance de los negociados inmobiliarios, da algunos pasos para garantizar la continuidad de un modelo que viola los derechos humanos de las mayorías populares.

Como desde hace dos décadas, este proceso deja más inundaciones, segregación social, encarecimiento del valor de la tierra y destrucción del patrimonio cultural, pero también millonarias ganancias para las grandes empresas del sector.

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